Es posible una minería más responsable en Colombia, una propuesta de la UNAL

Se trata de un modelo de planificación que incluya los costos sociales, ecológicos y ambientales desde la fase inicial es crucial, sin embargo, no se hace actualmente en el país. El proyecto propone un pago anual para las familias por el uso del subsuelo mitigaría algunos impactos sociales. La propuesta sería clave en los futuros “distritos mineros” esbozados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.

Según la Agencia Nacional de Minería, al menos 200 municipios de Colombia –30 de ellos ubicados en Antioquia– dependen de la actividad minera para el mantenimiento de su economía. Sin embargo, por tratarse de una práctica que genera fuertes impactos sociales y ambientales, sigue representando retos en términos de planeación, mitigación y normativa.

“El Gobierno Nacional tiene una postura muy clara, enmarcada en el desarrollo sostenible. Nuestra propuesta, que consiste básicamente en incluir los costos ambientales y sociales desde la fase de planeación, muestra resultados satisfactorios, por lo que sería un camino crucial para el desarrollo responsable de esta actividad”, afirma el profesor Giovanni Franco Sepúlveda, adscrito al Departamento de Materiales y Minerales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín.

Actualmente, la planeación de los proyectos mineros se enfoca en la efectividad técnica y financiera, dejando “de lado” los costos relacionados con los ecosistemas y las comunidades. “La planeación está atravesada por la incertidumbre, podemos estimar los rendimientos y las ganancias económicas, pero no sabremos a ciencia cierta cuánto mineral obtendremos. Ahora bien, cuando incluimos las variables ambientales y sociales desde el inicio, observamos que esa incertidumbre disminuye, aumentaron las ganancias y se impactó menos en los territorios”, continúa el docente.

Caso de estudio: mina de carbón en el norte de Colombia

La propuesta se evaluó en una mina de carbón a cielo abierto, ubicada en el norte de Colombia. Para ello se tuvieron en cuenta los datos reales del yacimiento, su morfología, las condiciones operativas, las tasas de extracción a lo largo del tiempo, etc. “Sistematizamos toda esta información y creamos un ‘escenario alternativo’, en el que planeamos el mismo proyecto, pero incluyendo los costos ambientales, sociales y de cierre de mina desde la fase inicial, entre ellos las emisiones de CO₂, el desarrollo de una actividad agrícola en la zona y la distancia desde los centros proveedores”, añade el profesor Franco.

Adicional a esto, se realizó una encuesta de 12 preguntas a 103 familias, con el propósito de evaluar si estarían dispuestas a recibir una compensación monetaria por el aprovechamiento del subsuelo y así estimar costos de negociaciones que impliquen, entre otras cosas, pagos anuales durante el tiempo que dure el proyecto.

“Cuando incluimos todo esto hubo un incremento de 106´921.863 dólares, lo que hizo que el Valor Presente Neto o la ganancia generada disminuyera un 4 % respecto al escenario real. Aunque suene desfavorable, lo que esto nos confirma es que con esta metodología tendríamos estimaciones más cercanas a la realidad, se reduciría la incertidumbre y habría menos riesgo”, precisa.

Por otro lado, se percibieron mejoras en el rendimiento, pues la extracción del material estéril (aquel que no es útil) disminuyó un 5 % y presentó un comportamiento más constante, sin ningún valor superior a 8,56 contrario al caso real en el que hubo periodos de 19,5 y de 10,51. “Lo que proponemos es que los pasivos ambientales no terminen siendo responsabilidad de las comunidades ni del Estado, sino que la empresa minera los tenga presentes desde el inicio, de manera que proyecte no solo ganancias económicas, sino también ambientales y sociales”, termina.

Esta nueva metodología podría aplicarse en cualquier zona del país, lo único necesario sería tener en cuenta las características particulares del tipo de mineral, las condiciones del yacimiento, la magnitud de los impactos, etc. Así mismo, la propuesta podría incidir en nuevas políticas públicas y en la normativa vigente, presentándose como un paso favorable y responsable a propósito de los “distritos mineros” incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026.